Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente en el Herald-Tribune y escrito por Kathy Silverberg, ex editora de las ediciones del sur del Herald-Tribune.
Muchos estadounidenses creen que las personas son pobres porque no tienen la capacidad, inclinación o incentivo para tener y mantener un trabajo, por lo que no pueden cuidarse a sí mismos ni a sus familias.
Siguiendo esta línea de pensamiento, y suponiendo que hay suficientes trabajos que coinciden con las habilidades de los pobres, los programas de asistencia pública serían necesarios solo para aquellos que no pueden trabajar. Por lo tanto, más estadounidenses serían autosuficientes y menos dólares de los impuestos se usarían para enfrentar los estragos de la pobreza.
A principios de esta semana, el presidente emitió una orden ejecutiva pidiéndole a todas las agencias federales que hagan cumplir los requisitos ya establecidos y que revisen todas las exenciones a estas reglas. También se les pidió que consideren agregar requisitos de trabajo a cualquier programa de beneficios que aún no lo tenga.
Una meta digna, si fuera así de simple. El Center for American Progress informa que la mayoría de los hogares que reciben cupones de alimentos ya incluyen un adulto que trabaja y un análisis de la Kaiser Family Foundation indica que el 80 por ciento de los beneficiarios de Medicaid viven en familias con al menos una persona que está empleada. Parece que un trabajo no garantiza un escape de la pobreza.
Del mismo modo, requerir que todos los adultos sanos trabajen o pierdan beneficios no resolverá el problema de la pobreza generacional.
Las soluciones se encuentran en un enfoque multifacético que afecte a niños y adultos con un compromiso a largo plazo para cambiar la cultura. No será fácil ni rápido, pero la alternativa debería ser insostenible para una sociedad civilizada.
Aun si la necesidad de una red de seguridad adecuada proporcionada por fondos públicos no es aceptada por aquellos que desean un gobierno más pequeño, la relación costo-beneficio debería ser convincente.
Un artículo publicado el mes pasado en Social Work Research escrito por Michael McLaughlin y Mark Rank estima que el costo de la pobreza infantil en Estados Unidos es un poco más de $1 billón por año o 5.4 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB).
Esta semana en The New York Times, Rank resumió el estudio, explicando: “Los niños empobrecidos crecen con menos habilidades y, por lo tanto, son menos capaces de contribuir a la productividad de la economía”. Además, explicó que los niños pobres son más propensos a tener problemas de salud e involucrarse en actividades delictivas, las cuales representan una gran carga financiera para la sociedad.
El estudio calculó los ahorros en costos que se realizarían al reducir la pobreza infantil y descubrió que por cada $1 gastado, el país podría ahorrar $7.
Los cálculos indican que la tasa de pobreza infantil en la Florida es del 23 por ciento, casi uno de cada cuatro niños. El Libros de datos Kids Count 2017, producido por la Annie E. Casey Foundation, sitúa al estado en el puesto 43 en cuanto al bienestar económico de los niños.
Uno de los factores usados para situarle en esta posición es la cantidad de niños que viven en hogares con una carga de alto costo de vivienda. Esto significa que la familia debe gastar más de un tercio de sus ingresos para tener un techo sobre sus cabezas. En la Florida, el 40 por ciento de los menores de 17 años están dentro de esta categoría. La cifra nacional es del 33 por ciento.
El estado sale algo mejor en medidas educativas, clasificándose en el puesto 31 con mejoras considerables desde 2010 en las tasas de graduación de la escuela secundaria.
Y la Florida fue uno de los primeros líderes en preparar a los niños pequeños para la escuela a través de la implementación del programa voluntario de pre-kínder. El Herald-Tribune publicó el miércoles que el 75 por ciento de los niños de la Florida están inscritos, poniendo al estado detrás de solamente el Distrito de Columbia.
Pero lamentablemente, la Florida no ha logrado mantener un nivel de financiación aceptable para este programa, dejando caer la asignación para el año 2016-17 en casi $4 millones respecto del año anterior. La Florida gasta $2,282 por niño en el pre-kínder voluntario, pero el promedio nacional es de $5,008, según el National Institute for Early Education Research de la Universidad de Rutgers.
Esta región está bendecida con la voluntad de mejorar los resultados para los niños y las generosas fundaciones que han invertido dinero privado en este esfuerzo. La Suncoast Campaign for Grade-Level Reading (“Leer Para 3ro Suncoast”), que abarca los condados de Sarasota, Manatee y ahora Charlotte, ha mostrado resultados positivos en los logros educacionales. Del mismo modo, programas como la Campaña contra el hambre en verano de All Faiths Food Bank ayudan a mantener a los niños saludables cuando termina la escuela.
Pero el sector privado no puede hacerlo solo.
Esta nación necesita comprometerse para priorizar a los niños, para asegurar que, desde el nacimiento, los servicios están listos para darles la oportunidad de crecer en un ambiente seguro, saludable y enriquecedor.
Como líder mundial en innovación y poder económico, los Estados Unidos no deben ignorar su posesión más valiosa. El dinero invertido en este esfuerzo pagará grandes dividendos en el futuro.
